La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Alicante ha adoptado esta decisión en un auto en el marco del recurso presentado por el grupo municipal del PP contra la medida del tripartito de izquierdas que gobierna la ciudad (PSPV, Guanyar y Compromís).
La magistrada María Begoña Calvet ha paralizado igualmente todos los trámites administrativos realizados para el cambio de denominación de las vías afectadas y el “restablecimiento de las denominaciones primitivas”.

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La resolución, facilitada a Efe por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), reprocha al Consistorio haya “hurtado” al juzgado la posibilidad de pronunciarse sobre la paralización cautelar reclamada por el PP al ejecutar directamente el acuerdo municipal.
La junta local de gobierno acordó el cambio del callejero el pasado 15 de noviembre, pero el grupo municipal del PP lo recurrió en el juzgado y reclamó la paralización cautelar de la iniciativa, que la Concejalía de Cultura empezó a aplicar con la sustitución de placas al mes siguiente.

“El Ayuntamiento, pese a tener conocimiento no solo de la pendencia de un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo, sino además de la apertura de la correspondiente medida cautelar, procedió de manera precipitada y motivada”, según el auto judicial.

La magistrada sostiene que no concurrían “razones de urgencia que justificaran tal inmediato proceder”, que incluyó la comunicación a otras entidades y organismos afectados por estos cambios y a los jefes de distintas unidades administrativas municipales.
El gobierno municipal alegó el pasado 4 de enero en el juzgado que se oponía a la medida cautelar reclamada por el PP porque “el acto administrativo ya se estaba ejecutando”.
La juez considera que esa actuación vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva porque puede provocar que el futuro fallo “favorable” al recurso “devenga inútil” ante la “producción de situaciones irreversibles y contrarias a derecho”.
Además, entiende Calvet que el recurso de los populares “en modo alguno puede calificarse de infundado”, pues en el mismo “se articulan un total de cuatro motivos de impugnación, tanto de forma como de fondo que necesariamente deben ser valorados” y desembocar en una sentencia que “dirima la controversia existente”.
La resolución, que puede ser recurrida ante la sala de lo Contencioso del TSJCV, alerta también del “evidente perjuicio” que puede ocasionar a la ciudadanía la ejecución de un acto administrativo como el cuestionado “sin esperar al pronunciamiento de este juzgado”.
En esa línea, como precisa a continuación la juez, el consistorio ya ha iniciado los trámites administrativos para modificar el callejero en los archivos, registros y entidades a las que se les ha comunicado esos cambios, como Subdelegación del Gobierno, Policía, empresas de transporte urbano, compañías telefónicas o Castrato, entre otras.
Esas actuaciones conllevan “una evidente pérdida de la finalidad legítima del recurso” porque consolidan un “estado de hecho que difícilmente podría ser alterado posteriormente sin generar perjuicios”, agrega. EFE

El tripartito que dirige el ayuntamiento de Alicante, del PSPV-PSOE, Guanyar y Compromís, había cambiado el nombre a alrededor de 40 de las 47 calles y plazas que tenía previsto sustituir por su denominación franquista, en aplicación de la Ley de la Memoria Histórica.
El concejal de Estadística, Dani Simón, de Guanyar, ha explicado que prácticamente se habían sustituido todas las placas afectadas por los cambios, aprobados en una junta de gobierno local del pasado noviembre, y ha añadido que aún seguían pendientes únicamente un par de calles con placa y varias otras con la denominación sujeta a postes.
El presupuesto para las nuevas placas ascendió a unos 12.000 euros, según Simón, quien ha comentado que, a la vista del auto, ha dado orden de paralizar el cambio de denominación de estas calles restantes.
También ha relatado que las placas retiradas “tienen la consideración de resto arqueológico”, por lo cual, salvo alguna excepción por petición de familiares de la persona cambiada, han sido depositadas en el almacén municipal ubicado en el centro cultural Las Cigarreras.
Sobre la previsible restitución de las placas retiradas, Simón no ha podido evitar señalar: “Si es que ocurre”, y únicamente ha añadido que en estos momentos los servicios jurídicos del ayuntamiento estudian a fondo el auto de la jueza de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante “para estudiar el siguiente paso”.
Simón ha explicado que las placas fueron encargadas “al proveedor habitual” del ayuntamiento y que se siguieron los mismos plazos que en ocasiones parecidas de encargo de nuevas calles, por lo que ha rechazado que se trabajara “con prisas”, como ve el PP. EFE