El portavoz del PP, Luis Barcala, ha informado de que grupo municipal ya ha cerrado su investigación y estima que las irregularidades en la Concejalía que depende directamente del alcalde, Gabriel Echávarri, “son claras, y no son meros errores administrativos”.

La denuncia, ha informado la formación en un comunicado, está dirigida “ante las posibles responsabilidades de los dirigentes políticos, y otros cooperadores necesarios, sobre estas presuntas irregularidades en el fraccionamiento de contratos”.

Ha explicado que “se trata de un presunto delito de prevaricación administrativa, consistente en la suscripción de contratos menores que implican el fraccionamiento de contratos que debieran haberse licitado con todas las garantías legales y se ha eludido dicho procedimiento adjudicando arbitrariamente diferentes trabajos y servicios”.

Barcala ha incidido en que el PP ha llevado a cabo “una pormenorizada investigación de los hechos” y las conclusiones han llevado “presentar una denuncia en Fiscalía de la Audiencia porque consideramos que puede haberse cometido presuntamente prevaricación en la adjudicación de contratos de la Concejalía de Comercio, cuyo responsable es el alcalde, Gabriel Echávarri”.

Barcala: “en la contratación ha intervenido personal de confianza que carece de competencia para contratar, quienes han suscrito, por escrito y verbalmente los contratos”.

El grupo municipal popular considera que “existe una unidad de objeto entre varios de los contratos fraccionados que podían y debían haberse licitado como un único contrato, no existiendo justificación alguna para su fraccionamiento”.

Otro dato llamativo para el PP es que “en la contratación ha intervenido personal de confianza que carece de competencia para contratar, quienes han suscrito, por escrito y verbalmente los contratos”.

“La primera evidencia administrativa de la suscripción de los contratos administrativos es la aprobación de las facturas que la realiza, casi en exclusiva el alcalde, Gabriel Echávarri”, ha apuntado y ha advertido que los contratos “extrañamente no fueron colgados en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento”.

Barcala ha incidido en que “cuando las facturas han de ser mecanizadas para ordenar su pago, es cuando el jefe del servicio advierte lo que ha sucedido y alerta de las consecuencias elaborando el correspondiente informe que traslada a Intervención”.

El PP estima tras cerrar su investigación que las irregularidades “son claras, y no son meros errores o irregularidades administrativas puesto que la tramitación administrativa es una de las cuestiones que se ha omitido, siendo un presunto delito de prevaricación”.