El Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular, integrado por tres entidades: Concapa, de padres de la concertada, Covapa, de padres de la pública (que incluye a la FAPA Gabriel Miró de Alicante, FAPA 9 de Octubre de Valencia y FAPA Humanista Manuel Tarancón de Castellón), y la asociación Idiomas y Educación, barajan la posibilidad de solicitar a los padres que no acudan a las clases mientras no haya claridad en la aplicación del decreto de plurilingüismo.

Esta organización exige que en el regreso a la aplicación del decreto ahora en vigor, el de 2012, que incluye opción de elegir líneas en castellano o valenciano, se mantengan en cada centro los Programas Lingüísticos de Centro (PLC)

El objetivo es que estos se ajusten al entorno sociolingüístico de cada colegio. Para ello exige al departamento de Inspección Educativa, con instancias de supervisión a la Alta Inspección del Ministerio de Educación, que se aplique con rigor el cumplimiento del auto de suspensión cautelar del Decreto, así como el de las normas vigentes.

El Foro recuerda que no deben ser manipulados los PLC (Programas Lingüísticos de Centro) ni las lenguas base aplicados en los colegios, matizando que los padres tienen derecho a que se aplique el Decreto 127/2012 de plurilingüismo, que en su artículo 4.6. recoge que se deben incluir medidas organizativas y pedagógicas que garanticen el derecho de los padres a elegir la lengua cooficial en que se vehicularán los diferentes ámbitos de actuación. Por otra parte, el artículo 6.3. del mismo decreto menciona la necesidad de una consulta a los padres para la determinación de lenguas base. Estos aspectos deben garantizar que se apliquen los programas (PLC) y las lenguas base, que deberán ser idénticos a los aplicados realmente en septiembre de 2016, el curso pasado, o bien que realicen las oportunas consultas.

El Foro presentó un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En este momento se encuentra en fase de preparación de la demanda, con fecha límite el próximo día 26 de septiembre.

En la presentación del contencioso administrativo se solicitaron dictámenes y documentación de tramitación del decreto en lengua castellana, pero la Administración solo ha presentado documentos en valenciano, a pesar de que el artículo 6 de la Ley 4/1983 de uso y enseñanza del valenciano, dice que los ciudadanos tienen el derecho a obtener de los Jueces y Tribunales protección del derecho a emplear su lengua. El Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular recibió la documentación en valenciano, y realizó posteriormente una reclamación al Alto Tribunal para ser trasladada a la Generalitat, negándose ésta a ello. Después de las peticiones reiteradas a través del TSJ la Consellería se ha pronunciado con que no va a traducir el expediente.
Las tres entidades del Foro colaboran a través de diversas acciones con objeto de solicitar la derogación de un decreto que suprime el derecho de los padres a elegir lengua vehicular,
restringiendo que sus hijos estudien en su lengua materna incluso en diversas materias troncales, en este caso en castellano. La discriminación supone una lesión de derechos de padres y alumnos. En la preparación de la demanda judicial trabajan junto a su equipo de abogados en varias líneas de acción, tanto por la restricción de derechos que introduce el decreto, como de otros aspectos relacionados