La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha asegurado que “las familias que pierdan su vivienda pública como consecuencia de una ejecución hipotecaria y la entreguen en dación en pago no deben devolver las ayudas concedidas por la Generalitat. Se traslada así una medida estatal del 2013 y que ya está en vigor en la Comunitat Valenciana”.

Isabel Bonig ha mantenido una reunión con los presidentes de la Confederación de Empresarios de Valencia,CEV, Salvador Navarro, y de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción, FVEC, Francisco Zamora, para exponer las medidas de flexibilización de la normativa de materia de vivienda así como la deducciones fiscales a la rehabilitación.

En la reunión, Bonig ha explicado “los dos decretos que aprobó el Consel a finales del pasado ejercicio con el objetivo de facilitar la venta de vivienda de promoción pública en un momento difícil y complejo para la venta de inmuebles en general y de protección pública en particular”.

Así, la consellera se ha referido al Decreto aprobado por el Consell en diciembre 2013 relativo al régimen de la vivienda protegida en la Comunitat y ha destacado que “se puede tener más de una vivienda de VPP si no se recibe ayudas y si están en distintos municipios”.

También ha señalado que se simplifica la clasificación de las VPP y queda reducida sólo a una clase en lugar de las tres que existía anteriormente. Además, atendiendo a la actual situación económica, se establece un régimen más flexible durante el primer año de su entrada en vigor, en lo que se refiere sobre todo al límite de ingresos de los adquirentes, que se eleva con carácter general hasta 6,5 veces el IPREM, y con la superficie máxima de viviendas que se contempla hasta 120 m2 útiles.

Por otro lado, la modificación del Decreto sobre las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento simplifica y flexibiliza las exigencias técnicas y evita obstáculos normativos con el objetivo de reactivar la actividad del sector, aunque siempre manteniendo todas las exigencias de diseño y calidad de viviendas.

En este contexto se han creado los organismos de certificación administrativa en materia de calidad de la edificación, OCAces que realizarán las tareas de comprobación, informe y certificación de proyectos de edificación, a solicitud de cualquier agente de la edificación interesado. De esta forma se facilita la labor de ayuntamientos y de la propia Conselleria.

Deducción para la rehabilitación

Sobre la deducción en el tramo autonómico del IRPF para la rehabilitación, Isabel Bonig ha explicado que es una medida para impulsar el sector de la construcción especialmente intensivo en mano de obra y con una presencia importante de Pymes.

Las deducciones son en el tramo autonómico del IRPF y es deducible el 10% de las cantidades satisfechas por este tipo de obras realizadas en la vivienda habitual. Según las consellera se está estudiando ampliar la deducción y ha expresado la conveniencia de que se pudiera aplicarla también en el tramo estatal.

Para Bonig, “además de ser una estrategia de recuperación económica, la rehabilitación contribuye a la mejorar del estado de conservación del parque de vivienda, la eficiencia y ahorro energético, la accesibilidad y la mejora general de las condiciones de habitabilidad”.