La Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Decreto de la Generalitat  61/2017 por el que se regulan los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales, y la utilización solo del valencian como lengua vehicular. Tras el análisis jurídico de esta norma, la Abogacía del Estado entiende que se recogen “preceptos problemáticos que pueden resultar contrarios a la ley y a la Constitución Española”.

Entre los artículos cuestionables, están aquellos que prevén que las notificaciones, copias de documentos redactados en valenciano, y comunicaciones de la Administración de la Generalitat, que hayan de surtir efecto o estén dirigidas a “Comunidades Autónomas pertenecientes al mismo ámbito lingüístico que el valenciano”, se redactarán en valenciano.

Los servicios jurídicos de la Delegación del Gobierno en la Comunitat alertan de que “este decreto parece vulnerar el principio de libertad de circulación, el artículo 139 de la Constitución y el principio de libertad de acceso a las licitaciones contemplado en el artículo 1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”, finaliza el comunicado de la Delegación del Gobierno.

Según la abogacía de la elegación del gobierno en la Comunidad Valenciana “parece evidente que para que estas comunicaciones desde la Comunitat Valenciana pudieran ir redactadas en valenciano, tendrían que ser dirigidas a comunidades autónomas con la misma lengua cooficial, situación que, evidentemente, no es posible, al ser el valenciano una lengua cooficial únicamente en la Comunitat”.

Asimismo, el artículo 20 prevé, como requisitos que deben constar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas de los contratos que aprueben los órganos de contratación, que los contratistas utilicen el valenciano en los bienes y en los servicios que son objeto del contrato, de manera especial en el etiquetado, en el embalaje, en las instrucciones de uso y en atención a la ciudadanía.