La plataforma Idiomas y Educación lanza siete advertencias a directores de centros para que no incurran en delito, ante la situación de indefinición creada por Marzà, que elude su responsabilidad. 

(comunicado de prensa de la plataforma Idiomas y Educación)

Marzá no ha dictado instrucciones para resolver un proceso de escolarización que cambia con la suspensión cautelar. Tampoco garantiza que los Programas Lingüísticos de Centro se apliquen correctamente con la situación jurídica que ha creado la suspensión cautelar. Desde el 24 de mayo toda la comunidad educativa espera impaciente unas instrucciones que nunca llegan, para garantizar los derechos de padres y niños en una correcta escolarización, así como establecer una correcta aplicación de las lenguas vehiculares.

MARZÀ ELUDE SU RESPONSABILIDAD

Uno de los problemas que se están presentando es que los padres han elegido una secuencia de centros en función del nivel lingüístico del decreto 9/2017, pero ahora, al cambiar de niveles 2017 a líneas lingüísticas del modelo 2012, los centros vuelven a contar con líneas en castellano y en valenciano, por lo que la secuencia de prioridad de elección de centro cambia. No se trata de exigir a la Consellería un nuevo y completo proceso de escolarización, pero hay mucho padres que ven privado su derecho de elegir centro correctamente, por lo que debe existir alguna inquietud en ofrecer movilidad a esos padres. Educación es experta en procedimientos de movilidad, con el claro ejemplo de los concursos de traslados de profesores, por lo que si no aplica aquí algo parecido es porque se niega a aplicar la suspensión.

Marzá no ha dictado instrucciones a los directores para garantizar los derechos de los alumnos en lo referido a lenguas vehiculares. Al contrario, nos consta un interés desmedido por manipular cualquier aspecto con el fin de imponer el valenciano en el sistema educativo, aspecto implícito en el decreto 9/2017 ahora suspendido.

Vicent Marzà ni siquiera ha comunicado instrucciones por lo bajini, de manera no oficial, dada la diversidad de comportamientos que estamos observando en los directores a propósito del plurilingüismo. Cada uno dice una cosa. En concreto:

■ Algunos van a aplicar el decreto 9/2017 de plurilingüismo.

■ Otros dicen que la suspensión no es en firme.

■ Otros dicen que no van a aplicar el decreto, pero están manipulando el programa lingüístico de centro para imponer el valenciano.

■ Los hay que dicen que están esperando instrucciones de la Consellería.

■ En algunos centros están determinando compras masivas de libros en valenciano.

Ante la indefinición e insumisión de Marzà, que elude su responsabilidad, los centros quedan en el «limbo jurídico», es decir, ahora los directores, al ser máximos responsables de la gestión de cada centro son los que asumen la responsabilidad de interpretar lo que deben hacer para cumplir la suspensión cautelar del Tribunal. Se trata de cargos que deben tomar sus decisiones cumpliendo la legislación vigente por lo que Idiomas y Educación queremos enviarles diversas advertencias para que puedan evitar los posibles delitos en que podrían incurrir, que son de desobediencia al Tribunal, prevaricación en sus decisiones, e incluso y para el caso de compras de libros, en malversación de fondos públicos.

ADVERTENCIAS A LOS DIRECTORES

Consideramos que deben tener muy en cuenta que:

1) El decreto 9/2017 está suspendido por el TSJ, por lo que no se puede aplicar.

Por tanto, volvemos de nuevo a las líneas de castellano y valenciano, en la que los padres pueden elegir lengua vehicular.

2) Que todos los actos administrativos relacionados con el decreto son nulos.

Tanto en lo referido a su aplicación como en su interrelación con otras normas y procedimientos. Cualquier acto relacionado con el Decreto 9/2017 es de nulidad administrativa, por lo que no se puede aplicar.

3) Los Programas Lingüísticos de Centro en vigor ni se manipulan ni se modifican.

Los padres no aceptaremos ningún cambio en relación al Programa Lingüístico en vigor que fue aplicado al comenzar el curso 2016/2017. No aceptaremos manipulaciones del sistema informático ni tampoco sobre si estaban o no autorizados. Deberá ser exactamente el mismo, dado que los padres tenemos derechos de esa aplicación y no existe procedimiento en vigor que permita cambiarlo ni tampoco de retroceder a PLCs antiguos. Queremos hacer constar que en algún centro se ha dado el caso de querer implantar la modalidad lingüística según la materia Conocimiento del Medio, a pesar de haber sido aplicada la Lomce en lo referido al desdoble de las Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, todo ello para imponer el valenciano en ambas mediante esa manipulación.

4) No se pueden cambiar lenguas base.

Es decir, debe haber las mismas líneas en valenciano y en castellano que había en septiembre de 2016. El motivo es que esto depende de la demanda de los padres, y por otra parte el procedimiento que determina la aplicación de lenguas base está fuera de plazo. Tampoco se puede, por tanto, manipular en este ámbito.

5) Al director que no publica las actas o acuerdos adoptados en el Consejo Escolar se le puede sancionar con CESE en el cargo.

Las decisiones que se toman en los Consejos Escolares de los centros deben ser comunicadas a todos los sectores representados, entre ellos los padres, por lo que aquel centro que no tenga la costumbre de cumplir el artículo 66 del Decreto 233/1997 de Reglamento Orgánico y Funcional, de informar a los sectores representados poniendo las Actas o los acuerdos adoptados en el tablón de anuncios, o difundiéndolas correctamente por otros medios válidos debe saber que la Ley 2/2015 de transparencia en la Comunidad Valenciana considera en su Artículo 34 que el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa previstas es una infracción grave, que se sanciona con la declaración del incumplimiento y publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, y con el cese en el cargo.

6) La lengua vehicular de los libros a comprar debe corresponder con el PLC de cada línea en cada centro.

Bien sea a través de compras masivas desde el centro por el programa Xarxa Llibres, o bien por otras formas de adquisición. Incluso esto es válido para la publicación de listas que se difunden a padres para la compra de libros para el centro. Se advierte que éstos deben ser, rigurosamente,  de la misma lengua vehicular que la que corresponde al PLC que cursa cada alumno en la línea de castellano o valenciano. Por tanto, los padres no admitirán ninguna compra que no corresponda a estos aspectos.

De realizarse, el director del centro puede incurrir en prevaricación y malversación de fondos públicos. Aunque no se trate de un caso de apropiación indebida sí se trata de algo que genera discriminación y daños que podrían ser irreparables en la educación de los niños, y que no respeta la legislación vigente. Ver también Artº 404 y Artº 432 del Código Penal.

7) Que la ley 19/2013 de las Cortes Generales es de obligado cumplimiento.

Los directores están afectados en esa ley, que expresa las responsabilidades que asumen. Se trata de la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que en su artículo 26 dice que:

■ Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general.

■ Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular.

■ Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.

■ Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.

(ver puntos 1, 3, 4 y 7 del artículo 26 la Ley 19/2013)

Recomendaciones a padres

En las próximas horas Idiomas y Educación presentará un modelo que los padres puedan usar para informar y advertir a cada director de centro de estas cuestiones. El objetivo es que se respeten los derechos de niños y de padres en la aplicación de la suspensión cautelar del Decreto 9/2017 dictada por el Tribunal Superior de Justicia. Esta asociación también publicará en los próximos días diversas recomendaciones para la denuncia de aquellos que incumplan alguno de estos aspectos.

En cuanto a  directores, solo comentar que esta situación de indefinición que  se produce al no contar con instrucciones concretas de la Consellería da lugar a una diversidad de comportamientos entre los directores, en la que éstos pasan a asumir riesgos jurídicos, al ser máximos responsables de las decisiones que adopten.