La autorización de la Comisión Europea para que la propiedad de los platós de Ciudad de la Luz vuelva a la Generalitat Valenciana, mediante una dación en pago, incluye el rodaje de películas tras un periodo de 15 años y siempre que sea por parte del sector privado.
Así lo ha explicado el president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, al término de un consejo de administración de Ciudad de la Luz en el que ha informado de que la Dirección General de la Competencia de la Comisión acepta liquidar la propia Ciudad de la Luz a través de la cesión de activos y pasivos a la Sociedad pública de Proyectos Temáticos de la Comunitat (SPTCV), dependiente del Consell.

Para el president, se trata de “una muy buena noticia para Alicante y para la Comunitat” ya que los valencianos vuelven a ser los propietarios de unas instalaciones que han costado 343 millones de euros de dinero público y que, debido a la gestión del anterior Consell del PP, estaban condenadas a ser “regaladas” a un precio que ha cifrado entre 5 y 6 millones de euros y sin condiciones.

De esta manera, ha dicho que se ha logrado evitar que desapareciera y que se “tirara a la basura” una infraestructura que ha costado “casi 400 millones de euros del patrimonio de los valencianos” y que fue mal gestionada por el anterior gobierno del PP.
Puig ha explicado que debido a que la deuda de 264 millones de euros de Ciudad de la Luz era con la Generalitat Valenciana al considerar Bruselas que ese dinero fueron ayudas ilegales, la Comisión ha aprobado la dación en pago pero bajo tres condiciones, que, no obstante, serán objeto de negociación en las próximas semanas porque su intención es suavizarlas.
Estas tres premisas son que durante 15 años los platós y resto de edificios objeto de las ayudas ilegales no puedan dedicarse a actividades económicas, que estos usos sean supervisados por la Comisión y, la tercera, que tras ese plazo únicamente pueda haber negocio lucrativo mediante una venta al sector privado en condiciones de libre competencia.
El jefe del Consell ha insistido en que lo importante es haber revertido la propiedad de este patrimonio, que hace unos años estaba destinado a malvenderse, y ha recalcado que ahora se negociará para rebajar los 15 años propuestos y flexibilizar las posibilidades de actividad.
Ha destacado que esta dación en pago es una fórmula novedosa para la Comisión y que encaja dentro de la normativa española.
A la espera de si se rebajan los 15 años de actividad no lucrativa, durante el tiempo que se estipule únicamente se podrán desarrollar actividades que no generen negocio, es decir, las propias de la administración.
Quedan fuera de esta restrictiva situación los tres grandes edificios que fueron excluidos de las dos subastas del complejo (ambas desiertas): el dedicado a oficinas (costó 13 millones y no se llegó a inaugurar), el de restauración y el Centro de Estudios, en los que se estudia implantar empresas de carácter tecnológico.
El president ha puesto de manifiesto que, al llegar al Consell hace 2 años, se encontró “con muchas minas dejadas por el gobierno anterior, y una de las fundamentales era la situada en la Ciudad de la Luz”, que se hallaba en una situación “terminal”.
Ha recordado que, con el Ejecutivo del popular Alberto Fabra, se había determinado subastar el complejo “sin precio mínimo y con posibilidad de ser troceada y aniquilada”, lo cual constituía “una gran irresponsabilidad”.
Por ello, su objetivo fue “revertir” la situación para que Ciudad de la Luz se convierta en un espacio “vivo y atractivo”, siempre respetando las exigencias de la Comisión Europea, de la que ha valorado su talante negociador y ha añadido que es muy distinto del que defendía el PP, que lo tachaba de “inamovible”.
Sobre la futura sede de la Agencia Valenciana de la Innovación, Puig ha afirmado que la sede estará pronto en Alicante, aunque sigue pendiente de saber si será dentro de la actual Ciudad de la Luz o en otro edificio de la Generalitat.